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INFORMACIÓN LEGAL

Aviso legal

Última actualización: 13 de septiembre de 2026.

1. Identificación del titular

En cumplimiento de la normativa aplicable sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, se informa de que los sitios web tramitly.es y pro.tramitly.es son titularidad de:

Tramitly es una marca comercial registrada de Manuel Jesús Martín Mena.

2. Objeto y aceptación

Este aviso regula el acceso y uso de los sitios web y servicios digitales de Tramitly. El acceso atribuye la condición de usuario y supone la aceptación de este aviso, de la Política de Privacidad, de la Política de Cookies y, cuando se contrate un servicio, de sus condiciones específicas.

3. Condiciones de uso

El usuario se compromete a utilizar los sitios de forma lícita, diligente y conforme a la buena fe; a facilitar información veraz y actualizada; y a no introducir código malicioso, intentar accesos no autorizados, extraer datos de forma masiva ni interferir en el funcionamiento o la seguridad de los sistemas.

Tramitly podrá impedir el acceso o suspender cuentas ante usos fraudulentos, ilícitos o contrarios a estas condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan.

4. Propiedad intelectual e industrial

Los textos, diseños, imágenes, logotipos, marcas, software y demás contenidos son propiedad de su titular o se utilizan con autorización. El acceso a los sitios no implica la cesión de derechos. Queda prohibida su reproducción, distribución, transformación, comunicación pública o explotación sin autorización, salvo en los casos permitidos por la ley.

5. Disponibilidad, contenidos y enlaces

Se adoptan medidas razonables para mantener la disponibilidad y exactitud de los sitios, pero no puede garantizarse la ausencia absoluta de interrupciones o errores. La información general publicada tiene carácter orientativo y no sustituye la valoración concreta del expediente ni la información oficial de la DGT o de la administración tributaria competente.

Los enlaces externos no implican asociación, patrocinio ni aprobación. Tramitly no responde de los contenidos, productos, servicios o políticas de terceros.

6. Condiciones de los servicios para particulares

Transferencia de vehículos

El servicio online está destinado a transferencias ordinarias entre particulares. Su precio es de 109,00 €, incluida la tasa vigente de la DGT, el IVA aplicable a los honorarios y el envío del permiso de circulación. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) no está incluido y depende de la comunidad autónoma del comprador.

Tramitly contactará con el comprador para calcular el ITP, confirmar el importe total y gestionar el pago. La solicitud online no supone que el trámite se haya presentado: la presentación se realizará cuando los datos, documentos, firmas y pagos sean correctos.

Notificación de venta

El servicio online de notificación de venta tiene un precio de 39,00 €, incluida la tasa vigente de la DGT y el IVA aplicable a los honorarios. La tramitación comenzará tras comprobar la documentación y recibir el pago conforme a las instrucciones mostradas al formalizar el encargo.

Reglas comunes

El usuario garantiza la autenticidad, integridad y exactitud de los datos y documentos aportados y que está legitimado para facilitarlos. Si existen cargas, incidencias, limitaciones de disposición, discordancias documentales o circunstancias especiales, Tramitly podrá solicitar información adicional, informar de costes o gestiones adicionales y, cuando proceda, no continuar hasta recibir la conformidad del cliente.

7. Protección de datos y cookies

El tratamiento de datos se describe en la Política de Privacidad. El uso de cookies y tecnologías equivalentes se detalla en la Política de Cookies.

8. Enlaces hacia Tramitly

Se permite enlazar a Tramitly siempre que no se genere confusión sobre la titularidad, no se sugiera una relación o respaldo inexistente, no se altere la presentación mediante marcos y la página enlazante no contenga contenidos ilícitos o engañosos.

9. Legislación y jurisdicción

Este aviso se rige por la legislación española. Las controversias se someterán a los juzgados y tribunales que resulten competentes conforme a la normativa aplicable, respetando en todo caso las reglas imperativas de protección de consumidores y usuarios.